El gobierno del estado de Aguascalientes no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos, ajustados a la normativa, no cumplió los objetivos y metas en el manejo financiero de los recursos federales que le fueron transferidos durante 2019 a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud federal por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como Seguro popular.
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De acuerdo al Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2019, emitido el pasado fin de semana por la Auditoría Superior de la Federación, en el ejercicio de estos recursos, el estado de Aguascalientes registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia, registro contable, destino de los recursos, servicios personales, adquisiciones, control y entrega de bienes, servicio y entrega de medicamentos, gasto operativo y pago del personal administrativo y transparencia.
Estas irregularidades generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 6 seis millones 597.3 mil pesos, que representa el 2.4 % de la muestra auditada por la ASF.
Por ello, se realizan cuatro promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, si bien no se aclara quiénes son los funcionarios públicos sobre los cuales recaen estos procedimientos y sanciones. De igual forma, la federación realiza, por esta causa, dos pliegos de observaciones.
De igual manera, los auditores federales registraron incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que no existió congruencia de las cifras reportadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre con las registradas contablemente por la entidad sobre el ejercicio, destino y los resultados del programa.
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Por otra parte, dentro del ejercicio fiscal 2019, el Órgano Superior de Fiscalización del estado (OSFAGS), encontró en el Instituto de Educación de Aguascalientes, cuentas bancarias no registradas en la contabilidad, donde existen montos globales por ocho millones 371 mil 386 pesos; retenciones ilegales a contratistas por 899 mil 682 pesos; adquisiciones con invitación restringida por 1 millón 628 mil 900 pesos y estimaciones sin soporte por 707 mil 879 pesos.
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Millones de pesos maneja el IEA en cuentas no registradas dentro de su contabilidad
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