La falta de personal jurídicamente bien preparado al interior del Instituto Nacional Electoral (INE) pone en riesgo las decisiones y la garantía de legalidad que debe prevalecer en materia electoral.
El abogado constitucionalista, Francisco Ramírez Martínez, calificó como un duro revés el propinado al órgano encargado de la organización de las elecciones federales por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al integrar a la contienda al “Bronco” como candidato independiente a la Presidencia.
En el INE les fatal tiempo para integrar bien este tipo de casos, para hacerlo conforme a derecho. Les falta también preparación. Ojalá y esto les prenda un foco rojo para que el lo sucesivo las decisiones que tomen lo hagan con respeto a los principios rectores de la materia electoral, certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad, porque de otra manera no iremos por buen camino
Para el también representante partidista ante el INE y el IEE, al negarse el registro como aspirante presidencial al mandatario con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, se violentó de manera flagrante el derecho penal.
La violación a la Garantía de Audiencia era muy clara y evidente y en materia administrativa se deben seguir los principios del derecho penal, es decir, obsequiar el debido proceso y obedecer todos los lineamentos que marca el ser oído y vencido en juicio y obviamente el INE no le dio la oportunidad en tiempo y forma de revisar todas y cada una de las supuestas anomalías e irregularidades que el INE en cinco días quería que demostraran que no era cierto
La noche del pasado lunes el TEPJF ordenó al INE otorgar a “el Bronco” el registro como candidato independiente a la Presidencia de la República, mismo que le fue negado merced a presuntas irregularidades en la captura de las credenciales de elector que presentó como apoyo.
Francisco Ramírez, quien fue presidente municipal capitalino en la década de los 80’s reconoció finalmente que con este antecedente los ciudadanos podemos esperar decisiones del INE que no estuviesen bien fundadas ni motivadas y que atenten contra la legalidad.