El Municipio de Rincón de Romos ha incumplido, de manera sistemática, con las aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA).

Esta situación le ha generado al Ayuntamiento rinconense un adeudo por 45 millones 849 mil 573 pesos con 96 centavos, los cuales corresponden a las aportaciones presupuestadas y retenciones efectuadas a los trabajadores de ese Municipio, situado 40.2 kilómetros al norte de la capital del estado.

Según se refleja en los resultados de la auditoría realizada por el Órgano Superior de Fiscalización (Osfags), al ejercicio fiscal 2017 de Rincón de Romos, se pudo comprobar que además se habían ocultado 20 millones 703 mil 297 pesos de ese adeudo en la contabilidad del municipio.

Ante ello y debido a la falta justificación y la consecuente no solventación de esta irregularidad, el Órgano Superior de Fiscalización recomienda que a la brevedad se efectúe el pago y se entreguen al organismo de seguridad social la totalidad de las retenciones que ya se realizaron a los empleados municipales, independientemente que debe darse vista a la autoridad investigadora correspondiente para que se inicien las averiguaciones y, en su caso, se inicien los procesos correspondientes.

De igual forma, durante la revisión de la Cuenta Pública, se detectó que la administración municipal rinconense, encabezada por Javier Rivera Luévano, “subsidió”, total o parcialmente, el pago de 11 licencias reglamentadas para la venta de vinos, licores y cerveza.

El Órgano Superior de Fiscalización, advierte no encontrar justificación por el cual se otorgaron subsidios de manera discrecional, pues ello causó un perjuicio de 266 mil 416 pesos a la Hacienda Municipal, los cuales ordena sean reintegrados en su totalidad, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta el cumplimiento de dicha disposición.

Entre otras irregularidades, también se señala la asignación de obra pública, por un monto de cuatro millones 122 mil 882 pesos, a la empresa Demysa Construcciones, misma que es propiedad de César Ignacio Ramos Padilla, quien es empleado del área de Obras Públicas de ese municipio, ante lo cual se pide se inicien las investigaciones correspondientes para determinar el grado de responsabilidad de los involucrados, así como las sanciones que de ello deriven.