/ lunes 11 de febrero de 2019

Crecen este año recursos federales

La entidad ejercerá este año alrededor de mil millones de pesos más por concepto de participaciones federales, al alcanzar ahora una suma por 9 mil 752.3 millones de pesos

La entidad ejercerá este año alrededor de mil millones de pesos más por concepto de participaciones federales, al alcanzar ahora una suma por 9 mil 752.3 millones de pesos, cuando en el 2018 se ejercieron 8 mil 745.9 millones, de acuerdo a un análisis del Centro de Estudios de la Finanzas Públicas (CEFP).

De esta manera, se tiene un incremento estimado en 7.4% en comparación al monto aplicado el año anterior.

La distribución de las participaciones federales tiene sustento en el artículo 40 constitucional. Conforme a este numeral, México es una República federal, integrada por entidades federativas y por la Ciudad de México, unidos en un todo. En un Estado federado, las partes deciden voluntariamente someterse al ámbito competencial diseñado para los niveles de gobierno federal y estatal; sin embargo, la Constitución preserva la soberanía tributaria de las entidades federativas y no define cuáles son los actos que corresponde gravar a la federación y a los estados.

En este sentido, el sistema de coordinación fiscal tiene fundamento en el convenio de adhesión celebrado entre la federación y los estados, mediante el cual las entidades federativas renuncian a la facultad de establecer contribuciones a los mismos objetos gravados por la federación, a cambio de que ésta distribuya una participación de la recaudación fiscal federal a las entidades federativas.

Así, un principio transversal a la Constitución es el principio de igualdad, en el que la voluntad de los estados y la federación, para unirse en un todo, tiene el mismo valor dentro del pacto federal.

Sin embargo, dentro de las relaciones intergubernamentales de los sistemas federales, la igualdad financiera genera conflicto respecto a la conceptualización de la igualdad misma; esto es, si aquélla debe entenderse como una igualdad a rajatabla o, más bien, debe considerarse variables como la retribución proporcional de las entidades federativas hacia el gobierno federal y/o las condiciones social, económica y geográfica de cada entidad.

Dado el complejo sistema fiscal federal imperante en México, la federación es el nivel de gobierno que define los criterios de igualdad, equidad y proporcionalidad que han de imperar en la distribución de los recursos federales.

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, la federación está obligada a transferir recursos a los estados por concepto de ‘aportaciones’ y ‘participaciones’. Las primeras son transferencias-etiquetadas que pretenden atender necesidades básicas; las segundas, transferencias-no-etiquetadas que pueden ejercerse con flexibilidad y destinarse a la afectación ‘en garantía’ o ‘fuente pago’ de las obligaciones contraída por las entidades federativas. Ambas constituyen 80% de los ingresos totales de las entidades: mientras las aportaciones representan 42.8%, las participaciones constituyen el 35.3%. Dada la estrecha dependencia de los ingresos locales con las participaciones federales, el aumento o la disminución de las mismas influye, significativamente, en el grado de endeudamiento de los estados.

LAS CIFRAS:

En 2018 se recibieron 8 mil 745.9 millones

En 2019 serán 9 mil 752.3 millones

La entidad ejercerá este año alrededor de mil millones de pesos más por concepto de participaciones federales, al alcanzar ahora una suma por 9 mil 752.3 millones de pesos, cuando en el 2018 se ejercieron 8 mil 745.9 millones, de acuerdo a un análisis del Centro de Estudios de la Finanzas Públicas (CEFP).

De esta manera, se tiene un incremento estimado en 7.4% en comparación al monto aplicado el año anterior.

La distribución de las participaciones federales tiene sustento en el artículo 40 constitucional. Conforme a este numeral, México es una República federal, integrada por entidades federativas y por la Ciudad de México, unidos en un todo. En un Estado federado, las partes deciden voluntariamente someterse al ámbito competencial diseñado para los niveles de gobierno federal y estatal; sin embargo, la Constitución preserva la soberanía tributaria de las entidades federativas y no define cuáles son los actos que corresponde gravar a la federación y a los estados.

En este sentido, el sistema de coordinación fiscal tiene fundamento en el convenio de adhesión celebrado entre la federación y los estados, mediante el cual las entidades federativas renuncian a la facultad de establecer contribuciones a los mismos objetos gravados por la federación, a cambio de que ésta distribuya una participación de la recaudación fiscal federal a las entidades federativas.

Así, un principio transversal a la Constitución es el principio de igualdad, en el que la voluntad de los estados y la federación, para unirse en un todo, tiene el mismo valor dentro del pacto federal.

Sin embargo, dentro de las relaciones intergubernamentales de los sistemas federales, la igualdad financiera genera conflicto respecto a la conceptualización de la igualdad misma; esto es, si aquélla debe entenderse como una igualdad a rajatabla o, más bien, debe considerarse variables como la retribución proporcional de las entidades federativas hacia el gobierno federal y/o las condiciones social, económica y geográfica de cada entidad.

Dado el complejo sistema fiscal federal imperante en México, la federación es el nivel de gobierno que define los criterios de igualdad, equidad y proporcionalidad que han de imperar en la distribución de los recursos federales.

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, la federación está obligada a transferir recursos a los estados por concepto de ‘aportaciones’ y ‘participaciones’. Las primeras son transferencias-etiquetadas que pretenden atender necesidades básicas; las segundas, transferencias-no-etiquetadas que pueden ejercerse con flexibilidad y destinarse a la afectación ‘en garantía’ o ‘fuente pago’ de las obligaciones contraída por las entidades federativas. Ambas constituyen 80% de los ingresos totales de las entidades: mientras las aportaciones representan 42.8%, las participaciones constituyen el 35.3%. Dada la estrecha dependencia de los ingresos locales con las participaciones federales, el aumento o la disminución de las mismas influye, significativamente, en el grado de endeudamiento de los estados.

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