/ lunes 4 de enero de 2021

Catedrático UAA analiza economía para bienestar

El IBU es un instrumento que plantea otorgar dinero en efectivo a los ciudadanos, con el objetivo de mitigar los riesgos que supone la pérdida del poder adquisitivo

La pandemia por Covid-19 ha desencadenado diversas problemáticas, por ejemplo, en el campo económico existen amplios debates sobre las medidas que los gobiernos de los distintos niveles y países deberían ejecutar a fin de asegurar el bienestar de su población. Una de las que ha tomado un auge importante en esferas globales es la del Ingreso Básico Universal (IBU), una propuesta que ha sido analizada por José Antonio Hernández Reyes, catedrático e investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

El docente explicó que el IBU es un instrumento que plantea otorgar dinero en efectivo a los ciudadanos, con el objetivo de mitigar los riesgos que supone la pérdida del poder adquisitivo. Al respecto, el Mtro. Hernández Reyes hizo hincapié en que existen diversas modalidades de implementación, desde las que señalan que debe entregarse únicamente a personas que se encuentran en situación vulnerable, hasta las que afirman que debe otorgarse a la totalidad de la población, sin distinción alguna.

El filósofo y economista Phillip Van Parijs propuso el IBU en 2010 y ha vuelto a las discusiones políticas debido a las implicaciones en el bienestar que ha provocado la pandemia por covid-19, principalmente por la desaceleración en el consumo y la pérdida de empleos que trae consigo. Por ello, el IBU serviría como una medida contracíclica que amaine los efectos de las caídas de la actividad económica y la producción industrial a raíz del confinamiento que ha exigido la pandemia.

Sin embargo, continuó Hernández Reyes, el UBI requiere de presupuestos gubernamentales sumamente amplios y de un régimen fiscal con bases gravables diseñadas para que dicha propuesta pueda subsistir sin afectar la trazabilidad económica del país o estado que la implemente. En consecuencia, en México podría considerarse básicamente inviable al menos en el corto plazo.

El catedrático de la UAA reconoce otra situación negativa respecto del IBU y que tiene que ver con un posible desajuste en la balanza de pagos del país, a causa de la necesaria adquisición de deuda pública para sostener esta política, lo que terminaría por desencadenar la pérdida del valor de la moneda nacional, perjudicando las actividades de comercio internacional e impulsando niveles inflacionarios que podrían llegar a los dos dígitos.

Finalmente, José Antonio Hernández Reyes explicó que la propuesta del Ingreso Básico Universal no necesariamente debe encasillarse en una concepción negativa; por el contrario, debe identificarse y comprenderse el entorno favorable para su ejecución, pues bajo las condiciones adecuadas estaría en condiciones de impulsar el motor económico de consumo y apoyar en buena medida a reducir los tiempos para superar la caída económica ocasionada por la crisis sanitaria.


La pandemia por Covid-19 ha desencadenado diversas problemáticas, por ejemplo, en el campo económico existen amplios debates sobre las medidas que los gobiernos de los distintos niveles y países deberían ejecutar a fin de asegurar el bienestar de su población. Una de las que ha tomado un auge importante en esferas globales es la del Ingreso Básico Universal (IBU), una propuesta que ha sido analizada por José Antonio Hernández Reyes, catedrático e investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

El docente explicó que el IBU es un instrumento que plantea otorgar dinero en efectivo a los ciudadanos, con el objetivo de mitigar los riesgos que supone la pérdida del poder adquisitivo. Al respecto, el Mtro. Hernández Reyes hizo hincapié en que existen diversas modalidades de implementación, desde las que señalan que debe entregarse únicamente a personas que se encuentran en situación vulnerable, hasta las que afirman que debe otorgarse a la totalidad de la población, sin distinción alguna.

El filósofo y economista Phillip Van Parijs propuso el IBU en 2010 y ha vuelto a las discusiones políticas debido a las implicaciones en el bienestar que ha provocado la pandemia por covid-19, principalmente por la desaceleración en el consumo y la pérdida de empleos que trae consigo. Por ello, el IBU serviría como una medida contracíclica que amaine los efectos de las caídas de la actividad económica y la producción industrial a raíz del confinamiento que ha exigido la pandemia.

Sin embargo, continuó Hernández Reyes, el UBI requiere de presupuestos gubernamentales sumamente amplios y de un régimen fiscal con bases gravables diseñadas para que dicha propuesta pueda subsistir sin afectar la trazabilidad económica del país o estado que la implemente. En consecuencia, en México podría considerarse básicamente inviable al menos en el corto plazo.

El catedrático de la UAA reconoce otra situación negativa respecto del IBU y que tiene que ver con un posible desajuste en la balanza de pagos del país, a causa de la necesaria adquisición de deuda pública para sostener esta política, lo que terminaría por desencadenar la pérdida del valor de la moneda nacional, perjudicando las actividades de comercio internacional e impulsando niveles inflacionarios que podrían llegar a los dos dígitos.

Finalmente, José Antonio Hernández Reyes explicó que la propuesta del Ingreso Básico Universal no necesariamente debe encasillarse en una concepción negativa; por el contrario, debe identificarse y comprenderse el entorno favorable para su ejecución, pues bajo las condiciones adecuadas estaría en condiciones de impulsar el motor económico de consumo y apoyar en buena medida a reducir los tiempos para superar la caída económica ocasionada por la crisis sanitaria.


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