Hace algunos días salió a la luz una noticia que llamó la atención tanto de los medios como de la sociedad, ya que en diciembre se registró un homicidio que, en su momento, presuntamente fue catalogado como suicidio, por lo cual existen algunas razones por las que las autoridades prefieren encubrir los crímenes.
“Uno, por imagen pública. El régimen político, aquellos que tienen ciertas posiciones de poder, están acostumbrados a querer dar señales a la población de que las cosas están funcionando para que digan que sus instituciones son válidas. Si tú investigas un feminicidio con la profundidad, van a salir muchas cosas que están mal, no solamente en la vida de esa persona, sino en la ciudad… y finalmente, por la crisis forense porque, según ha dicho Naciones Unidas en el 2019, en México hay una crisis forense, ¿esto qué implica? Que hay falta de personal, el personal no tiene material y no tienen capacidad técnica”, menciona Aurelio Coronado, psicólogo Forense en el Behavioral Sciences LAB.
Lo anterior implica que, para realizar una investigación adecuada, “primero tendrían que saber cómo hacerla… ante la sobrecarga de trabajo y la falta de capacidad técnica, lo mejor es cerrar un caso, en lugar de abrir porque esto implica más esfuerzo, más trabajo y más capacidad técnica.”
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En cuanto a la no capacitación forense, esto se debe a los vínculos entre la Fiscalía y los peritos, ya que “si tú capacitas a los peritos, los peritos van a empezar de pronto a hacer las cosas mejor, y hacer las cosas mejor, a veces les va a contradecir la teoría al Ministerio Público.”
Explica que es muy importante que cuando haya casos de “suicidio”, las autoridades se encarguen de investigar a fondo, ya que dichas personas pudieron haber muerto de manera accidental o violenta, por lo cual la indagatoria puede tardar de tres a seis meses y no es correcto que al siguiente día lleguen a la resolución porque se vulneran los derechos de las personas.
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En Aguascalientes, según agrega el psicólogo Forense, en su asociación se tienen documentados al menos cuatro carpetas de investigación con respecto a la muerte de menores, los cuales ocurrieron hace aproximadamente cuatro o cinco años.
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