Son elementos de cualquier corporación policial de Aguascalientes los señalados en su mayoría por violentar los derechos humanos, ya que al momento de cumplir con sus funciones, los afectados refirieron ser víctimas de maltratos hacia su integridad física y moral.
Cabe mencionar que la presente administración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes inició en 2018, con un rezago de más de mil expedientes, no obstante, de las quejas recibidas en dicha instancia, más del 85% relacionan a elementos policiacos de las tres órdenes de gobierno.
En su mayoría, las víctimas señalan principalmente a elementos de las secretarías municipales y en segundo lugar a elementos ministeriales, los cuales a su decir, al momento de brindar atención son agredidos verbal y físicamente.
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Asimismo, es importante resaltar que por expediente, todas las quejas derivaron en recomendaciones, en las que se solicita a los titulares de las corporaciones involucradas que capaciten a los elementos respecto a los derechos y tratos que deben mantener hacia los ciudadanos.
Durante la presente gestión, encabezada por Asunción Gutiérrez Padilla, se han emitido tres recomendaciones generales, una de ellas dirigida a policías municipales y estatales, que en su momento realizaron revisiones y detenciones arbitrarias contra migrantes en el estado; asimismo, a la administración municipal de Calvillo, en el 2019, sobre las adecuaciones administrativas que debieron ser realizadas en las actas de presentación de infractores detenidos por la comisión de faltas en el Centro de Detención del Municipio de Calvillo; finalmente, una fue dirigida al Gobierno del Estado, gobiernos municipales de Aguascalientes y a la Fiscalía General del Estado, con el fin de garantizar los derechos a la libertad, integridad y seguridad personal de las mujeres que en el ejercicio del derecho humano a la libertad de reunión hagan visible el contexto de violencia del que son objeto.
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Es importante resaltar que en general, la sociedad interpone la mayoría de las quejas contra policías, ya que consideran ser víctimas de maltratos físicos, psicológicos y de abuso de autoridad al momento de verse involucrados en algún hecho de cualquier índole.
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