Aunque Aguascalientes ya roza los 1.5 millones de habitantes y cerca de 600 mil vehículos circulan por sus calles diariamente, una amplia porción de habitantes la considera en términos generales una entidad tranquila; así lo confirman organizaciones World Justice Project, que ubica al estado en la cuarta posición en el Índice de Estado de Derecho en México.
La entidad recibió un puntaje general de 0.46, únicamente por debajo de Querétaro y Yucatán; obtuvo valoraciones destacables en derecho a la información pública, ausencia de corrupción en el Poder Judicial y procedimientos administrativos eficientes, entre otros rubros.
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Sin embargo, el crecimiento demográfico conlleva cambios en diversos aspectos y de ello da cuenta el propio estudio: el factor en el cual peor está evaluado Aguascalientes en comparación con otros estados es en el de “orden y justicia”, que mide homicidios, otro tipo de crímenes y la percepción de seguridad.
Aguascalientes tiene de las tasas más elevadas de feminicidios, violaciones y violencia intrafamiliar a nivel nacional según bases de datos como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y aunque en otro tipo de delitos las estadísticas suben y bajan, hay algunos sectores de la sociedad que consideran que distintas modalidades de robo tienen una constante tendencia al alza.
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No obstante, el Índice de Estado de Derecho en México obtuvo una buena posición, incluso mejoró un peldaño en comparación con la pasada medición, porque Aguascalientes tiene puntos a destacar en los factores de “gobierno abierto”, “ausencia de corrupción” y “justicia penal”.
Raúl González Alonso, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, considera que en lo relativo al gobierno abierto hay avances desiguales, pues mientras el ayuntamiento capitalino, gobierno del estado y Poder Judicial han dado importantes pasos en materia de transparencia; por otro lado, el congreso local y algunos municipios presentan rezagos en la materia, se limitan a subir documentos en formato Excel que no contienen facturas y otros documentos que comprueben gastos.
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Finalmente, José Luis Eloy Morales Brand, jefe del Departamento de Derecho de la UAA, dijo que en materia de justicia ya hay avances a casi una década de la reforma penal, y aunque han sido más lentos de lo esperado, cada vez más gente admite otros esquemas reparatorios que no sean penas corporales y los juicios son más expeditos, sin embargo, hay pendientes, como fortalecer la defensoría pública.
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