Actualmente, cuatro de cada 10 personas que son sorprendidas en la comisión de un delito o falta administrativa son menores de 18 años, ante lo cual invariablemente se llama a sus padres o tutores para que respondan como obligados solidarios de los daños causados.
El secretario de Seguridad Pública municipal de la capital, Antonio Martínez Romo, explicó que, en atención a una recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se han establecido protocolos de actuación especiales en este tipo de casos.
Las acciones de mayor incidencia en este grupo de edad, explicó, tienen que ver con riñas, disturbios, pinta de paredes, daños en propiedad ajena y robo.
Cuando son faltas administrativas, se les presenta ante el Juez calificador y éste a su vez ante Trabajo Social, desde donde se le llama a los padres para que respondan como obligados solidarios y se arreglen con las personas afectadas. En el caso de la comisión de un delito, se presentan ante el Agente del Ministerio Público, donde se determina lo conducenteEl hecho de hacer a los padres de familia obligados solidarios de la conducta de sus hijos, explicó Martínez Romo, obedece a la necesidad de que desde el seno familiar se les inculque la importancia de observar la ley.
Dentro de los protocolos especiales para infractores menores de 18 años, dijo, se encuentran no esposarlos, no someterlos a fuerza excesiva, no exhibirlos durante ni después de su detención o durante los traslados.
