Aguascalientes ocupa el deshonroso segundo lugar nacional, después de la Ciudad de México, en cuanto al total de quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos estatales, con un promedio de 8.3 por cada 100 empleados.

Así lo revelan las estadísticas dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a propósito de El Día Internacional contra la Corrupción que se celebra el próximo 9 de diciembre.

La Ciudad de México ocupa el primer lugar con un indicador de 9.5 por cada 100 servidores públicos, mientras que Zacatecas, Colima y Yucatán con apenas 0.1.

En 2017 se encontró que las oficinas de control interno de los gobiernos de las entidades federativas recibieron 2.6 quejas por actuaciones de servidores públicos por cada 100 empleados estatales, cifra ligeramente inferior a la registrada en el año 2016 que fue de 3.0.

El análisis por entidad reveló diferencias importantes, 10 entidades presentaron tasas de quejas por arriba de la tasa nacional, entre las que sobresale la Ciudad de México en donde se registraron 9.5 quejas por cada 100 servidores públicos, seguido por Aguascalientes con 8.3.

Dependiendo del curso de la investigación, los órganos de control interno determinan si estas conductas corresponden a sanciones administrativas o si se trata de un delito que amerite una denuncia ante las autoridades ministeriales.

En caso de que se identifiquen conductas que puedan ser tipificadas como presuntos delitos por actos de corrupción, las autoridades ministeriales determinarán las sanciones de tipo penal que correspondan.

Respecto a este tipo de denuncias, un total de 408 servidores públicos de las administraciones públicas estatales fueron denunciados en 2017 ante las instancias ministeriales por la comisión de algún presunto delito relacionado con el ejercicio de sus funciones.

Del total de servidores públicos denunciados, 40.7% fue por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades; mientras que aquellos imputados por delitos relacionados con corrupción, 19.6% fue por peculado, 8.6% por cohecho y 5.9% por los delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

La magnitud e importancia del fenómeno de la corrupción como un asunto de política pública ha llevado a la creación de diversos instrumentos para mitigar el problema.

El más importante es el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), creado en mayo de 2015 a partir de la reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 113 Constitucional, este Sistema tiene como objetivo la coordinación de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno en materia de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos.

De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), este sistema se integra por un Comité Coordinador, un Comité de Participación Ciudadana, un Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y por los Sistemas Locales Anticorrupción que coordinan a las administraciones locales y municipales.

EL DATO:

El promedio nacional es de 2.6 quejas por actuaciones de servidores públicos por cada 100 empleados estatales