Las comunidades pesqueras están en la primera línea de afectación del cambio climático, ante lo cual es necesario tomar acciones para fortalecer su adaptación, ofrecerles bienestar social, un medio de vida digno y apoyar la seguridad alimentaria de México para la recuperación económica tras la pandemia.
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Rafael Ortiz, director general de la Iniciativa de Pesquerías y Océanos Resilientes detalló que en el país hay al menos 300 mil familias mexicanas viven de la pesca y acuacultura de forma directa y más de 2 millones de manera indirecta.
Apuntó que en el marco del Día Mundial de los Océanos que se conmemora el 8 de junio:
Se deben generar esfuerzos para la adaptación y resiliencia de las comunidades del sector porque si bien nuestro país ocupa el lugar 13 en producción pesquera a nivel mundial, la pesca y acuacultura representan menos del 1% del Producto Interno Bruto (PIB).
Rafael Ortiz, Director general de la Iniciativa de Pesquerías y Océanos Resilientes
Rafael Ortiz subrayó que cerca de la mitad de las personas que trabajan en la pesca son mujeres que permanecen invisibles y ajenas a los procesos de toma de decisión, pero cuyo soporte a la actividad pesquera resulta fundamental. Asimismo, se debe asegurar el acceso a derechos plenos para asegurar el bienestar social de estas comunidades y fortalecer la gobernanza.
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“Los retos del cambio climático nos llaman a que actuemos desde distintos frentes para buscar soluciones sostenibles para fortalecer la adaptación de las más de 13 mil comunidades costeras con distintos grados de vulnerabilidad, toda vez que para el año 2050 tanto la pesca ribereña, como la industrial y la acuacultura sufrirán cambios en su productividad primaria, derivado de incrementos en la temperatura del agua y otros efectos del cambio climático”, señaló.
Para terminar, el director general de la Iniciativa de Pesquerías y Océanos Resilientes refirió que algunas medidas para mejorar la acuacultura consta en incorporar el enfoque de género en todas las acciones y políticas públicas a desarrollar; instituir un Programa Nacional de Pesca y Cambio Climático, con mecanismos sólidos de gobernanza y participación ciudadana; crear un Atlas de Riesgo para el sector pesquero que incorpore las presiones ambientales y la capacidad adaptativa de las comunidades y, en paralelo, planes de contingencia para minimizar impactos económicos y sociales.
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