La Coparmex hace un llamado a los diputados federales para que no aprueben la reforma en materia eléctrica tal como fue presentada y que en la discusión prevista para este domingo escuchen las voces de los ciudadanos, y privilegien las razones técnicas y económicas, pues se corre el riesgo de que se incrementen las tarifas entre 17% y 150%.
Juan Manuel Ávila, presidente estatal de la Coparmex, dijo que la iniciativa no debe ser aprobada tal cual fue presentada porque permitiría que solo CFE pueda comprar y vender energía al precio que ella decida, es decir, en la práctica la reforma crea un monopolio, desplaza al sector privado en beneficio único de la paraestatal debido a que los privados que hoy compiten para generar energía sólo podrían venderla al precio y cantidad que ésta decida comprar, lo cual terminaría con la competencia en nuestro país.
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"Otro de los puntos que enlistamos con preocupación es la cancelación de todos los permisos y contratos de generación vigentes y los pendientes de resolución por la CRE, hecho que resulta violatorio de lo previsto por la Ley de Procedimiento Administrativo para cancelación de permisos otorgados por la autoridad; de darse la reforma, cancelaría todos los contratos entre privados o entre privados y CFE", señaló.
Juan Manuel Ávila dijo que advierten que otros de los efectos negativos anunciados por expertos, académicos, legisladores y empresarios, serían el incremento de por lo menos el 17% para las tarifas domésticas y de por lo menos 150% para las empresas; además se generaría un boquete en las finanzas públicas.
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Añadió que un elemento particularmente pernicioso y que atenta contra la sustentabilidad ambiental es que se interrumpiría la transición energética y pondría en riesgo de cumplimiento los tratados internacionales firmados por México, incluido el Acuerdo de París y el T-MEC.
Para terminar, el presidente estatal de la Coparmex afirmó que la iniciativa destruye el mercado eléctrico nacional y afecta a toda la cadena de valor del sector energético al eliminar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), y al invertir el despacho eléctrico privilegiando a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de las más limpias y baratas.
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