El máximo referente del concepto formativo y profesionalización en la instrucción superior en nuestra nación, por décadas ha estado a cargo de la máxima casa de estudios, Universidad Nacional Autónoma de México instaurada en 1910, su fundador fue el entonces ministro de instrucción pública, Justo Sierra; sin embargo, habrá que puntualizar que, el origen de la instrucción superior profesionalizante de algunas áreas del conocimiento que preceden a la UNAM, data de la segunda mitad del siglo VXI, se trataba de una universidad del virreinato de la Nueva España, entonces denominada La Real y Pontificia universidad de México, en esa época se impartían cátedras y estudios en medicina, matemáticas y arquitectura. Paralelo y posteriormente a la fundación de la UNAM, en algunas entidades federativas se establecieron institutos científicos, de ciencia o formadoras de profesionistas.
A poco más de un siglo de haberse fundado la UNAM, nuestro máximo ordenamiento jurídico, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción VII del artículo 3, en la actualidad, establece que “…Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio…”; es decir, nuestra Constitución garantiza su existencia, así como la autonomía del funcionamiento y organización con respecto al Estado.
Cuando contrastamos lo que, en recientes días, se ha venido construyendo en la retórica de servidores públicos, actores políticos y analistas de la política, en una arena de discusión que se personifica entre contrarios en el contexto público de nuestro entorno, se concluye que los posicionamientos de discursos mediáticos, representan dos visibles proyectos de nación (neoliberal y nacional o, conservadores y liberales), que se han venido exhibiendo por varios días, en diversos medios de comunicación escritos y electrónicos; discusiones que en la generalidad de los casos, cuentan con poca argumentación legitima y legal (algunos análisis carecen de la perspectiva de un estado de derecho), lo que corre riesgo de incrementar polarización de una sociedad cada vez más dividida.
Decir que la UNAM, ha dejado de realizar sus fines de educar (ha perdido su esencia), no dista, ni se puede excluir a esa retórica, al resto de Instituciones de Educación Superior existentes en los estados como en los municipios del territorio nacional, de entre la que se encuentra la Benemérita Autónoma de nuestra entidad.
Si bien (suponiendo sin conceder), las IES (Instituciones de Educación
Superior) han dejado de estar a la altura de las circunstancias de una utopía de nación, no significa que han perdido su esencia, porque no han dejado de formar profesionistas, porque no han dejado de fomentar el desarrollo humano integral, porque no han dejado de lado la formación del pensamiento crítico a partir de la libertad, análisis, la reflexión, la comprensión, el dialogo, la argumentación, la conciencia histórica, o el conocimiento de las ciencias y humanidades; en un escenario ideal, sí, es conveniente que quienes liderean instituciones de educación superior diseñen convocatoria abierta, con el planteamiento de considerar una amplia participación de todos los sectores de la sociedad, para replantear los fines, criterios y políticas de este nivel de instrucción pública.
La educación superior se presenta en diversas modalidades o niveles ( técnico superior universitario, profesional asociado, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado) , es un derecho de educación, que se debe garantizar como cualquiera de los otros niveles educativos previstos en la última reforma de la CPEUM (publicada en el DOF, el 15 de mayo de 2019), que establece: “El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.”
Por ello, debemos lidiar por el respeto a la libertad académica, de cátedra e investigación, de enseñar, de debatir. La educación superior, no se debe ver limitada por doctrinas instituidas o por instituirse, al contrario, debe fortalecer su espíritu de libertad en investigaciones y su divulgación. Debemos luchar, por la libertad ante la censura institucional y la libertad de participar en órganos profesionales u organizaciones académicas representativas, sin sufrir discriminación alguna y sin temor a represión por parte del Estado o de cualquier otra instancia.
¡Exijamos el respeto a la libre discusión de ideas, que corresponde a estudiantes y personal académico, sin sufrir apremios o amenazas de ningún tipo!
