A una semana de la realización de la Consulta Popular promovida por el Presidente de la República con el objetivo de enjuiciar a los expresidentes del país, vale la pena hacer un alto en el camino y considerar distintos temas relacionados con este ejercicio de participación ciudadana.
Sin duda se trata de un hecho histórico que marcará la vida democrática de nuestro país: 285 mil 220 ciudadanas y ciudadanos que han sido capacitados para tal fin, participarán como funcionarios de las más de 57 mil Mesas Receptoras instaladas en todo el territorio nacional.
La organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta implicarán un costo aproximado de 528 millones de pesos con el objetivo principal de preguntar a los ciudadanos si se debe juzgar a los mandatarios por decisiones políticas tomadas en el pasado.
Es precisamente en el último punto donde empieza la polémica, puesto que las Leyes se han hecho para acatarse, y no es cuestión de opiniones: nadie, nadie puede estar por encima de la Ley; si las fiscalías cuentan con pruebas suficientes respecto de la posible comisión de algún ilícito, tienen la obligación de investigar independientemente del resultado de una consulta, pues como se ha comentado, la justicia no se consulta.
Otro punto a considerar es que, para que el resultado de la Consulta Popular sea vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo Federales se requiere la participación del 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, de manera que perdería validez si el domingo 1 de agosto no acuden a las urnas al menos 37 millones 423 mil 269 ciudadanos.
De hecho, aunque se cuente con la participación del 40% de la Lista Nominal, y una mayoría responsa Sí, la Fiscalía General de la República (FGR) no puede iniciar una carpeta de investigación en contra de nadie, si no existe previamente una denuncia que proporcione detalles sobre hechos que se presuman delitos, cometidos supuestamente por los anteriores titulares del Poder Ejecutivo.
Este ejercicio democrático también ha implicado una veda que impide difundir logros, obra pública, así como emitir información sobre programas y acciones que realizan los tres niveles de gobierno, situación, que de acuerdo a especialistas en materia de comunicación, no tendría impacto en la pregunta que plantea la consulta ya que independientemente de cuestiones partidistas, el objetivo tiene su mira en el pasado, y es ajeno a la actividad que actualmente se lleva a cabo en la Federación, Estados o municipios.
A grandes rasgos estas las implicaciones de la Consulta Popular, esperemos que la inversión, la veda y la participación de los ciudadanos tengan un impacto positivo y que abonen a fortalecer nuestra democracia y a aplicar la Ley sin reserva, como debería de suceder siempre.
