La semana recién concluida, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador envió iniciativa de reforma constitucional al congreso de la unión -cámara de diputados para proponer modificaciones a la legislación en materia electoral, entre los temas más relevantes: creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, elección de consejeros y magistrados electorales mediante el voto popular postulados por los poderes de la unión, desaparición de los OPLE´s y tribunales locales electorales, eliminación de diputaciones plurinominales y reducción de los legisladores federales y locales pasando la cámara de diputados a 300 diputaciones y la cámara de senadores a 96 de senadurías, modelo de elección mediante un sistema de representación pura, reducción de integrantes de los ayuntamientos hasta un límite de 9 regidurías de forma proporcional a la población de cada municipio, eliminación del financiamiento público ordinario a partidos políticos nacionales y locales (conservando el financiamiento público para campañas electorales), implementar el voto electrónico, reducción de los tiempos en radio y televisión en materia electoral (suprimiendo los tiempos electorales), reducir al 33% la participación ciudadana para que la revocación de mandato sea vinculante, modificación de las excepciones constitucionales para difundir propaganda gubernamental, ampliando las excepciones para que se pueda difundir propaganda gubernamental que considere la relativa los servicios públicos y aquella de carácter informativo con relación a los procesos electorales y creación de una legislación única en materia electoral en un solo instrumento normativo.
La iniciativa enviada por el ejecutivo federal consiste en modificar diez y nueve artículos de contenido en la CPEUM (artículos 35, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 73, 99, 105, 110, 111, 115, 116, y 122). Sin duda, se trata de una reforma integral con espíritu republicano y de auténtica austeridad, sin exponer la democratización del estado; al contrario, significa fortalecer el poder del pueblo, en quien constitucionalmente se deposita la soberanía nacional.
El financiamiento público a partidos políticos respecto a sus actividades ordinarias del que hoy se goza: la desaparición de los OPL´s y Tribunales Electorales o disminuir el número de representantes populares del congreso de la unión, como bajar el número de consejeros del INE, entre otras medidas de austeridad propuestas, no ponen en riesgo nuestra democracia.
Los beneficios en términos presupuestales y de inevitable profesionalización de las instituciones -en apariencia afectadas-, son de alta consideración a favor de los intereses de la nación.
La iniciativa de reforma incluye también la posibilidad de limitar los excesos de otros niveles de gobierno, estatales y municipales; del primero, disminuir el número de integrantes de los congresos locales a un número equivalente de los distritos locales, en los municipios el sentido de modificación, es controlar y acortar el número de regidurías.
Por citar solo uno de los planteamientos en la iniciativa de reforma que inserta principios de austeridad republicana en actividades públicas.
Actualmente se destinan once mil millones de pesos para el sostenimiento de la manutención de las estructuras burocráticas destinados para los partidos políticos. En ese sentido se pretende reducir el equivalente a un 66%, evitando con ello que los partidos no generen gastos incongruentes e injustificados. El proyecto plantea que la diferencia del recurso de 33%, sea solo durante tiempos de campaña.
La justificación “solo tiempos de campaña”, se debe a que las agendas programáticas de actividades de los partidos políticos, en tiempos no electorales, omiten evidenciar en términos sociales el impacto de beneficio a la ciudadanía.
El proyecto de reforma pretende que los partidos políticos mediante aportaciones legales y vigiladas, se deben convertir en instituciones autosostenibles.
Evidentemente se trata de la reforma integral más importante que tiene la intencionalidad republicana de alto impacto económico de austeridad, de profesionalizar nuestras instituciones y de ajustar el presupuesto y ejercicio de recursos públicos de los poderes de la unión.
De existir voluntad política en quienes los mexicanos depositamos la confianza de ser nuestros representantes (legisladores federales), se legitimará su oportuno y patriótico actuar, con en el análisis, discusión y en su caso la aprobación a las modificaciones a la reforma electoral, que mejor convengan a los intereses auténticos de una real transformación democrática a las instituciones públicas de nuestro país.
Las y los ciudadanos tenemos la oportunidad de replantear nuestras formas de involucrarnos e intervenir directa o indirectamente en asuntos públicos y de interés colectivo.
Estaremos pendientes del trabajo legislativo a desempeñar de los titulares de las diputaciones y senadurías.
¡Ciudadanización…es democratizar nuestras instituciones públicas!
