Cuando un país vive en democracia, debe existir una verdadera separación de poderes y, la preocupación de cualquier sociedad, es mantener un equilibrio de fuerzas entre uno y otro poder, me refiero al Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Es claro que cuando uno de los poderes intenta controlar algún otro poder, el equilibrio se rompe y, es cuando se empieza a gestar un régimen autoritario que en la mayoría de las ocasiones termina en dictadura.
Los regímenes republicanos basan la estructura y funcionamiento del Estado en una respetuosa autonomía de gestión de los tres ámbitos de competencia. En países como México y Estados Unidos, es muy importante para el Poder Ejecutivo contar con el apoyo del Poder legislativo.
Sobre todo cuando lanzan sus iniciativas de ley, pues saben que al no contar con el apoyo del Poder Legislativo, es posible que la implementación de políticas públicas y planes de trabajo no podrán llevarse al cabo de la forma en que se conciben y en el tiempo pretendido.
Por ello es que nace el “lobbying” que no es otra cosa que el surgimiento de grupos y personas para presionar a un poder, instancia de gobierno, empresa o persona, en lo relativo a la toma de decisiones políticas y económicas. Este concepto es muy utilizado en países como Estados Unidos y más recientemente en México.
El “lobbying” ha generado el surgimiento de toda una industria de consultoría en diversas materias y sectores, en su generalidad estos despachos se integran por altos exfuncionarios públicos que mantienen una amplia y efectiva red de relaciones que les permite plantear diversas propuestas para favorecer a un gremio en particular.
Estos grupos también existen dentro del gobierno y generalmente se les conoce como operadores políticos, cuyo actuar responde a las órdenes del ejecutivo y/o un grupo de poder en específico, ya sea por interés propia o de terceros.
En el contexto actual y de cara a la llegada de la nueva administración federal, el Ejecutivo sabe que mantiene la mayoría en ambas cámaras del Congreso, es decir, tiene el pleno control del Poder Legislativo. En esta situación, se sabe que sus iniciativas de ley no encontrarán ninguna oposición para aprobarse, salvo las que se susciten al interior de su bancada.
Con lo que no contaba es que el Poder Judicial, a petición de cualquier ciudadano, goza de las facultades para suspender la aplicación de cualquier ley que fuere aprobada por el Poder Legislativo. Tal es lo que ha sucedido con la Ley de Remuneraciones a Servidores Públicos aprobada por el Legislativo y repudiada por los integrantes del Poder Judicial.
El Poder Judicial considera que esa ley vulnera la división de poderes y rompe con la autonomía e independencia, tan es así que la propia CNDH promovió una acción de inconstitucionalidad concediéndose un amparo que suspende su aplicación momentáneamente, aunque hay quien asegura que este hecho significa la muerte de la Ley de Remuneraciones.
En otro contexto, debe señalarse que la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la legalidad de las elecciones para gobernador del estado de Puebla.
Ambas decisiones, contrarias a la voluntad del Ejecutivo federal, han sido vistas como una confrontación con el Poder Judicial, lo que viene a demostrar que será difícil imponer voluntades por el simple hecho que querer hacerlo. En el caso de las elecciones de Puebla, el fallo fue aceptado, sin embargo, en el asunto de la Ley de Remuneraciones, se impugnó el amparo concedido y será la Suprema Corte de Justicia quien tenga la última palabra.
Otra batalla que está a punto de gestarse con el Poder Judicial de EUA es la probable demanda de los tenedores de los bonos emitidos para recaudar parte de los recursos de inversión para el aeropuerto de Texcoco, esto debe sensibilizar al Poder Ejecutivo que, en un Estado de derecho, siempre habrá un poder que dictamine la legalidad de sus acciones y cuyos fallos deben respetarse.
