Honestidad y corrupción son conceptos que revelan acciones inversas de las personas; de la honestidad, podemos decir que se trata del conjunto de atributos personales, como la decencia, el pudor, la dignidad, la sinceridad, la justicia, la rectitud y la honradez en la forma de ser y de actuar. La honestidad, es uno de los valores morales más trascendentes, no sólo en la actividad pública, sino en la privada: La honestidad, es considerada base para establecer relaciones interpersonales de confianza; de igual forma, se puede entender como la acción constante de evitar apropiarse de lo que no nos pertenece, el ser honesto, exige coraje para decir siempre la verdad y obrar en forma recta y clara. El sentido opuesto a esa virtud, el diccionario de política, dirigido por Norberto Bobbio y Nicola Matteucci, conceptualizando, corrupción, “se define así al fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar en modo distinto de los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa” continúan señalando que “Corrupto es, por lo tanto, el comportamiento ilegal de aquel que ocupa un papel en la estructura estatal”.
En el 2012, David Arellano Gault, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE, edita una obra de investigación que titula ¿Podemos reducir la corrupción en México?; para Arellano, la corrupción se trata de un sistema (rutinas, costumbres, valores, discursos), ese sistema, es una red de acciones que dirige, genera equilibrios y permite esconder y racionalizar con efectividad acciones corruptas. Este sistema de corrupción va desde actos simples (sobornos de agentes de tránsito), a muy complejos (varios actores que han creado mecanismos y procedimientos perfectamente organizados para realizar actividades ilegales, continuadas, estables y desde luego ocultas).
En la idea planteada por Raúl Coronilla Cruz, colaborador en la citada obra refiere que, “El acto corrupto implica en todos los casos, la violación de un deber posicional; es decir, un actor que transgrede su papel institucional, la inobservancia de algunas de las reglas que rige el cargo que ostenta o la función que cumple”, sin duda, se trata de una constante, en el actuar de un alto porcentaje de participación de la población mexicana, directa o indirectamente. Ese fenómeno social -sostiene el investigador- “la corrupción está institucionalizada y combatirla implica cambiar dicha institución”, para Coronilla, no es cuestión de ética y moral, de cultura; sino de cambio de instituciones que generen efecto final, el cambio en la ética y la cultura.
Innumerables ensayos, análisis e investigaciones, coinciden que el pueblo de México es corrupto, insubordinado al estado de derecho, implícitamente, motiva acuerdos para que las estructuras sociales y políticas continúen construyéndose informalmente, para que la corrupción, se establezca como norma -no escrita- de la acción gubernamental y privada, de tal manera que, se sistematiza dicho fenómeno social, para finalizar como corrupción institucionalizada.
Ciertamente nuestro sistema jurídico prevé sanciones y penalidades en el régimen de responsabilidades de servidores públicos con carácter político, constitucional, penal, administrativo o civil, mismos que tienen su fuente de control en los artículos 108, 109, 111 y 114 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. De las responsabilidades penales en el que funcionarios cometen delitos asociados a la corrupción podemos mencionar: enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, tráfico de influencias, soborno, malversación de fondos, prevaricato, conflicto de intereses, entre otros.
Llama la atención que, a mitad de la presente administración, el secretario de marina, una de las instituciones mejor evaluadas por los mexicanos, hace declaraciones en una de las conferencias mañaneras del presidente AMLO, Almirante José Rafael Ojeda Duran, quien refirió “México carece de servidores públicos honestos, por eso tenemos este problema de una alta corrupción”.
Probablemente, el almirante Ojeda privilegia información fidedigna del contexto nacional en cuanto al fenómeno social de corrupción de los gobiernos, especialmente del federal. En el quehacer indagatorio, solo se muestran resultados parciales de pesquisas anticorrupción; verbigracia, la estafa maestra que involucra en dicho acto de corrupción a casi, una veintena de instituciones de gobiernos estatales y federal: la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM); la Universidad Politécnica de Sinaloa; y la Universidad Tecnológica del Usumacinta (UTU) en Tabasco, INEA), FONART, SEDESOL,SEDATU, DIF, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, SEO, CONAPESCA, CONACYT, NAFIN, Instituto Nacional del Emprendedor, PEMEX, SEP, SAGARPA, BANOBRAS y FOVISSSTE, en el que, sus actos implicaron responsabilidad constitucional, penal, administrativa y civil; se trata, de una auténtica delincuencia organizada.
Será suficiente, como lo dijera el almirante: “crear hombres y mujeres con valores, con principios… para no meterse en problemas” o como dijera Coronilla: ser necesario, “Cambio de Instituciones”.
