/ jueves 2 de diciembre de 2021

Fuera de Agenda | La impericia como norma

Los costos de trasladar tareas de seguridad pública a la Policía Militar con uniforme de Guardia Nacional, presagian una agudización en la crisis de seguridad interior que vive el país que marcará la segunda mitad del sexenio. Cada semana ocurren sucesos que por su relevancia tienen implicaciones negativas para la salvaguarda de la seguridad e integridad de la población, los órdenes de gobierno e instituciones, y sobre todo el desarrollo nacional que debería garantizar el orden constitucional.

Los casos que retratan la incompetencia de la Guardia Nacional se acumulan cada semana e ilustran el rasgo común que une la indolencia e impericia de soldados en labores de seguridad en carreteras y municipios. Su intervención ha sido necesaria en escenarios diversos, pero es más recurrida donde se presentan factores como la inexistencia de policías municipales o donde son insuficientes ante la inseguridad y violencia.

El caso de la fuga de nueve reos sucedida la madrugada del miércoles 1 de diciembre en Tula, Hidalgo, donde se dijo hubo al menos un vehículo que estalló para facilitar el escape, entre ellos el líder de un grupo criminal asentado en Michoacán, empata con lo sucedido el lunes 15 y viernes 18 de noviembre en Fresnillo y Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, donde aparecieron cuerpos colgados en puentes vehiculares de vías que comunican estos municipios con la capital del estado.

El punto en común es que los grupos delincuenciales y los reos fugados utilizaron vías de comunicación sin que nadie los molestara. La presencia de la Guardia Nacional, que asumió la labor que tenía la desaparecida división caminos de la Policía Federal, es simbólica y está compuesta por soldados sin experiencia, con estudios escolares básicos, y recién “graduados” de un curso “express” sobre las tareas a realizar en carreteras.

El más bajo del escalafón de la Policía Militar se hizo cargo en septiembre pasado de carreteras y casetas de entrada a municipios en los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán. El pasado 22 de noviembre relevaron a poco más de dos mil 800 civiles en 75 estaciones distribuidas en 14 entidades entre las que están Hidalgo, donde se fugaron los reos, Estado de México, Puebla, Morelos, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Sinaloa y Nuevo León.

Un capitán de Policía Militar con uniforme de Guardia Nacional hará labores que antes correspondía a un Comisario o Inspector General, que en términos militares tenía rango de coronel con la experiencia que el grado implica. Las estaciones y subestaciones que estuvieron a cargo de agentes con grado de mayor, ahora quedarán al mando de sargentos, con el abismo que separa en conocimientos cada perfil. En la calle donde antes había agentes y subagentes, ahora habrá soldados rasos.

El desmantelamiento del último reducto civil en la Guardia Nacional, la división Caminos, para abrirle paso a soldados y oficiales de la Policía Militar no es un buen presagio para que aminore la violencia criminal. Por el contrario, no tardará en que disminuyan las cifras de aseguramientos, detenciones y decomisos en carreteras. El crimen organizado demostró que pueden colgar cadáveres de puentes y provocar fugas de reos, y en su huida por carretera nadie los molestará.

Los costos de trasladar tareas de seguridad pública a la Policía Militar con uniforme de Guardia Nacional, presagian una agudización en la crisis de seguridad interior que vive el país que marcará la segunda mitad del sexenio. Cada semana ocurren sucesos que por su relevancia tienen implicaciones negativas para la salvaguarda de la seguridad e integridad de la población, los órdenes de gobierno e instituciones, y sobre todo el desarrollo nacional que debería garantizar el orden constitucional.

Los casos que retratan la incompetencia de la Guardia Nacional se acumulan cada semana e ilustran el rasgo común que une la indolencia e impericia de soldados en labores de seguridad en carreteras y municipios. Su intervención ha sido necesaria en escenarios diversos, pero es más recurrida donde se presentan factores como la inexistencia de policías municipales o donde son insuficientes ante la inseguridad y violencia.

El caso de la fuga de nueve reos sucedida la madrugada del miércoles 1 de diciembre en Tula, Hidalgo, donde se dijo hubo al menos un vehículo que estalló para facilitar el escape, entre ellos el líder de un grupo criminal asentado en Michoacán, empata con lo sucedido el lunes 15 y viernes 18 de noviembre en Fresnillo y Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, donde aparecieron cuerpos colgados en puentes vehiculares de vías que comunican estos municipios con la capital del estado.

El punto en común es que los grupos delincuenciales y los reos fugados utilizaron vías de comunicación sin que nadie los molestara. La presencia de la Guardia Nacional, que asumió la labor que tenía la desaparecida división caminos de la Policía Federal, es simbólica y está compuesta por soldados sin experiencia, con estudios escolares básicos, y recién “graduados” de un curso “express” sobre las tareas a realizar en carreteras.

El más bajo del escalafón de la Policía Militar se hizo cargo en septiembre pasado de carreteras y casetas de entrada a municipios en los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán. El pasado 22 de noviembre relevaron a poco más de dos mil 800 civiles en 75 estaciones distribuidas en 14 entidades entre las que están Hidalgo, donde se fugaron los reos, Estado de México, Puebla, Morelos, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Sinaloa y Nuevo León.

Un capitán de Policía Militar con uniforme de Guardia Nacional hará labores que antes correspondía a un Comisario o Inspector General, que en términos militares tenía rango de coronel con la experiencia que el grado implica. Las estaciones y subestaciones que estuvieron a cargo de agentes con grado de mayor, ahora quedarán al mando de sargentos, con el abismo que separa en conocimientos cada perfil. En la calle donde antes había agentes y subagentes, ahora habrá soldados rasos.

El desmantelamiento del último reducto civil en la Guardia Nacional, la división Caminos, para abrirle paso a soldados y oficiales de la Policía Militar no es un buen presagio para que aminore la violencia criminal. Por el contrario, no tardará en que disminuyan las cifras de aseguramientos, detenciones y decomisos en carreteras. El crimen organizado demostró que pueden colgar cadáveres de puentes y provocar fugas de reos, y en su huida por carretera nadie los molestará.