A una semana de la Consulta Popular impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, los números que arrojó siguen siendo analizados no solo por su baja participación y su enorme costo, sino porque también deja en claro que no todos los que en su momento apoyaron el proyecto de la 4T respaldaron la iniciativa, y peor aún, una mayor división entre Gobierno-Morena, que alentaron el plebiscito, y el Instituto Nacional Electoral, como organismo autónomo encargado de organizarlo.
Si bien la participación de solo el 7.05% de los electores no fue una sorpresa, quedan sobre la mesa distintos temas para el análisis: la adecuada organización por parte de la autoridad electoral, la difusión que se realizó en torno a la consulta, la actuación y capacitación de los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla, el perfil de los electores que sí acudieron al llamado y sobre todo, las acciones que dado el resultado obtenido, emprenderá el Gobierno Federal, es decir ¿qué sucederá en torno a este tema que fue propuesto por el primer mandatario mexicano? Y además ¿cuál es el futuro de este tipo de ejercicios y de qué manera pueden fortalecer verdaderamente la vida democrática de nuestro país?
Lamentablemente, a pesar del alto costo que implicó la organización de esta consulta (528 millones de pesos de acuerdo a la información proporcionada por consejeros del Instituto Nacional Electoral), debido a la baja participación, los resultados quedarán como una referencia, nada más.
También vale la pena preguntarnos si quienes fueron a votar lo hicieron en apoyo a una fuerza política o con total conocimiento y convicción del asunto cuestionado. Si fuera el primer escenario, ¿en dónde estaban el 1 de agosto los millones de seguidores de la Cuarta Transformación? Todo indica que la mayoría decidió no prestarse a una farsa que lo que menos pretendía era enjuiciar hechos del pasado.
Pero independientemente de los temas partidistas, es importante recalcar que una consulta popular es un mecanismo en el que los ciudadanos aprueban o rechazan la o las propuestas planteadas con respecto a temas de interés público y que el derecho de todo ciudadano a participar en las consultas populares, hace parte del derecho fundamental a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político.
Así pues, el fallo no está en la forma sino en el fondo. Las consultas populares como ejercicio democrático deben seguir fortaleciéndose y el fracaso de este primer intento de ninguna forma debe impedir que la justicia se aplique cabalmente no sólo a los ex presidentes, sino a cualquier ciudadano que viole las Leyes que emanan de nuestra Constitución.
Hoy por hoy, los ciudadanos esperamos resultados, que el Presidente se ponga a trabajar y que las estrategias y decisiones que se tomen, tengan en realidad un impacto positivo en la vida de las y los mexicanos.
