En mi participación de la semana pasada a la que titulé “el reto: consolidación democrática 4t” señalé que desde nuestra perspectiva estaba pendiente una reforma integral a las estructuras de la administración pública federal, ello, en relación al planteamiento sugerido por Mauricio Merino de la gobernabilidad política y democrática del estado mexicano. En su análisis advierte tres componentes fundamentales: político, económico y administrativo. El último, poco impulsado en la aspiración de un cambio verdadero de la cuarta transformación, en el proyecto nación que representa el nuevo régimen.
No se requiere hacer demasiado esfuerzo analítico para descifrar la fina y bien cuidada intensión del gobierno de la 4t con la que se fue construyendo a través de reformas, modificaciones o adiciones, en el inicio de un nuevo régimen de transformación, versus, régimen neoliberal.
Recordemos que el Congreso de la Unión aprobó -previo al inicio de la presente administración- la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, resalta con mayor énfasis el artículo 17 Bis y Ter. En un primer plano -si así lo queremos visualizar- con modificaciones o adecuaciones al 17 Bis se suprime la figura de “delegados de la administración pública” -en apariencia-, para desburocratizar el aparato gubernamental y ajustar salarios de la burocracia privilegiada; de igual forma, se pretendía restar poder al control político que hasta entonces se encontraba en manos de los ejecutivos locales, cargos políticos administrativos que a la vez se utilizaron en mucho de los casos como compensación política o de consolación por derrotas electorales, incluso para amigos o familiares de figuras importantes en el medio político.
No menos importante, con dichas modificaciones, se limita el control político a la secretaria de Gobernación, quien utilizaba las unidades administrativas como instrumento para coordinar políticas publicas del gobierno (política interna).
Para el caso, el titular del Poder Ejecutivo Federal atrae la facultad “de la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las dependencias y entidades”, la cual se materializa con la Coordinación General de Programas para el Desarrollo dependiente directo del ejecutivo, pero jerárquicamente adscrita a la secretaria de bienestar.
Con las modificaciones a la ley se crear una nueva figura jurídica “oficinas de representación de la administración pública” la cual sustituiría a las “delegaciones de la administración pública”. Las reformas a la LOAPF, solo se reconoce a un delegado, el de Bienestar, con facultades para coordinar las oficinas de representación de la administración pública federal del estado respectivo.
El primer mensaje enviado por el gobierno federal de la 4t a los gobernadores de las entidades federativas, fue restringir el control político que en el pasado tenían los gobernadores con los propios funcionarios de gobierno federal -nos referimos a los que tradicionalmente se denominaron delegados federales-. Poco o nada influyo el debate de dos niveles de gobierno llevado por algunos ejecutivos locales en la agenda de la CONAGO, la intensión, presionar al Ejecutivo Federal a que reconsiderara la nueva figura de “super delegadas (os)” y lo que conllevaba las facultades de coordinación, incluso en los medios de comunicación y la jerga política se les llego a considerar vicegobernadoras (es). Los intentos de la CONAGO no prosperaron, la argumentación se caracterizó por ser endeble, entre sus planteamientos fue que se atentaba contra el federalismo, sin que lo sostuvieran una razón jurídica. Finalmente se antepuso la facultad constitucional del Ejecutivo de retomar el control de sus propios servidores públicos.
Quienes me leen, podrán coincidir conmigo de que definitivamente, esas reformas fue el inicio de un régimen fuerte que cuenta con el respaldo de un número considerable de la ciudadanía (pueblo), para propios y extraños si es que nos detenemos a hacer una “pausa” para encontrar una explicación a ese acompañamiento incondicional de muchos mexicanos, se debe precisamente a esas reformas con las que se otorgaron amplias facultades a la secretaria del Bienestar que dan seguimiento a las reformas estructurales con rango constitucional programas sociales para el desarrollo de la familia (artículo 4 de la CPEUM).
No perdamos de vista que la dependencia del bienestar, es el brazo fuerte y de operación política más eficiente de este gobierno. Es innegable la capacidad de organización política más que administrativa que ha generado resultados en los procesos políticos y democráticos en los que el movimiento de regeneración ha demostrado preferencias electorales por encima de las demás opciones políticas.
Para muestra de un botón, las estructuras que han realizado movilización e influido en los electores para decidir por gobiernos de la transformación, indudablemente son los servidores de la nación que se encuentran incrustados en bienestar; tan solidas son las estructuras que en el pasado proceso de renovación de los órganos del partido de la 4t, fueron las que definieron -de manera extremista y sin recato a los congresistas, incluso, no son pocos los congresistas electos que pertenecen o están estrechamente vinculados a la secretaria de bienestar (servidores de la nación).
Si ampliamos y profundizamos el rol que viene desempañando bienestar, concluiremos que su tarea superficial es atender a los pobres, a las y los más desprotegidos; empero, en el fondo es el poder organizativo más efectivo para consolidar el proceso de la transformación.
No invisibilicemos otros pilares de los que echara mano el sistema para asegurar la sucesión del 24.
