El pasado veintidós de abril se llevó a cabo el ACUERDO POR LA INTEGRIDAD DEL PROCESO ELECTORAL ESTATAL 2021-2022 EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES con la participación de actores políticos de la localidad y de la federación; por una parte, suscribieron autoridades electorales locales y nacionales (consejero presidente del INE, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrada presidenta del tribunal electoral del Estado de Aguascalientes y el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de participación ciudadana del Estado de Aguascalientes); por la otra, representantes legales de ocho partidos con registro en el estado (PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC, MORENA Y FUERZA POR MÉXICO) que de forma individual o en coalición están participando en la contienda electoral 2021-2022; así también, participaron en calidad de testigos de honor los representantes constitucionales de los tres órganos del estado en la entidad (los poderes: Ejecutivo, legislativo y judicial).
En la historia de la democracia y las elecciones en México se registran escaramuzas electorales que han cambiado el rumbo, consecuentemente han debilitado los procesos para democratizar al país, así lo sugieren expertos estudiosos de nuestros sistemas electorales. En un análisis coordinado por Jaime Cárdenas Gracia, que se titula “AVANCES DEL SUFRAGIO EFECTIVO FRENTE AL FRAUDE ELECTORAL EN MÉXICO” especialistas que en ella participan, conceptualizan, describen, hacen consideraciones, reflexionan respecto avances y reformas electorales, proponen la integración de figuras jurídicas al tipo penal de delitos y fraude electoral; es decir, una larga y amarga travesía que a través de los años hemos padecido; un sinnúmero de incidentes que las propias instituciones del régimen en turno habían normalizado, formas antidemocráticas que eclipsaban y deslegitimizaban al poder público. A propósito de la obra aludida, de ella derivan propuestas inducidas al actuar de la Fiscalía General de la República y Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y de la propia del estado. En la citada antología del fraude electoral resistido en México, el presidente del INE Lorenzo Córdova Vianello asume que, si bien el andamiaje de la democracia mexicana ha evitado fraudes electorales, también lo es que no se ha logrado combatir las conductas ilícitas o delitos asociados a competidores y sus simpatizantes. Lo que significa que aún se siguen presentando elecciones pre democráticas, a las que el propio Córdova caracteriza en tres aspectos: exclusión política, control gubernamental y manipulación de la organización de las elecciones.
Evidentemente las dos últimas son el común denominador del bastión panista conservador que padecemos en Aguascalientes, véase verbigracia el modus operandi en las dos últimas elecciones, especialmente la del 2021.
De acuerdo al apartado c) de la fracción VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente a la organización de las elecciones en la entidades federativas corresponde a los organismos públicos locales (para nuestro caso, IEEA), prevé el sistema de nulidad por violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos que: “a) se exceda el gastos de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado, b) se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley y, c) se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recurso públicos en las campañas.”
El conjunto de compromisos sociales y cívicos a los que el fin de semana pasado nos convocaron las autoridades electorales, debemos interpretarlo como la intencionalidad impulsada por el INE, para que diversos actores políticos de la localidad, cumplamos con el deber constitucional de garantizar a toda costa evitar un fraude electoral y/o delitos electorales, proteger los derechos políticos de los ciudadanos de votar y ser votados, así como la de organizar las elecciones de forma oportuna. El pacto de civilidad política al que nos convocamos debe materializarse con el actuar cívico de señalar, denunciar y resolver conflictos de exceso de topes de campaña, el uso indebido de recursos públicos, el financiamiento ilícito de partidos políticos y candidaturas, así como, a las muy comunes y arraigadas prácticas de coaccionar, condicionar o comprar de voto inducido por instancias gubernamentales o servidores públicos del estado y sus municipios.
Los firmantes asumimos compromisos de observar el estado de derecho en materia electoral, apegarse y/o hacer efectivo los principios democráticos que rigen en nuestro sistema electoral, impulsar procesos electorales auténticos, profesionales, imparciales y transparentes, resolver los conflictos y defender los derechos político-electorales por las vías o cauces institucionales, respetar el sufragio autentico y libre, honrar esquemas de equidad, mostrar disposición al escrutinio público en el marco de la transparencia y máxima publicidad, garantizar el derecho a la discriminación en cualquiera de sus modalidades señaladas en la CPEUM, detectar y mitigar la violencia, eliminar malas prácticas que atentan contra la dignidad y autonomía de las personas, garantizar el principio de paridad constitucional y prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia política en razón de género.
Esos, entre otros compromisos del deber cívico -una vez cumplidos-, determinarán la legitimación y legalidad constitucional de una elección auténtica y libre para elegir al titular del P. Ejecutivo Local, para nuestro caso (Aguascalientes), sin duda, será gobernadora.
