Cuando en el año 2015 Alfredo Jalife-Rahme presenta un diagnóstico con perspectiva a corto plazo respecto a el agua en su interesante obra “las Guerras globales del AGUA” privatización y fracking (justo un año antes la Cámara de Diputados de Canadá votaba con 134 votos a favor y 108 en contra, para no entregar agua a Estados Unidos y México e iniciaban charlas para excluir el agua del TLCAN), Jalife no estaba alejado, ni mucho menos desfazado ante una realidad que por des fortuna empiezan a padecer algunas ciudades del país. Que conste él, lo advirtió con tiempo anticipado.
Los estragos del establecimiento de manufacturas en maquiladoras (a propósito del TLCAN) incrementaron de manera significativa la contaminación acuífera (rio San Juan) donde se encuentra Monterrey, solo por dar un dato.
Recordemos que apenas hace algunos meses dicha ciudad vivió el impacto de un alto estrés acuífero el cual se manifestó en escases del servicio de agua potable a la población. Así como Monterrey, hay ciudades sobre todo en el centro y norte del país que, empiezan a manifestar los primeros efectos de las políticas implementadas internamente, como las permitidas y/o seguidas en la política internacional con el acuerdo trinacional del TLCAN.
Aunado a ello -que no es menor, sino todo lo contrario-, se encuentran presentes los fenómenos de deterioro de infraestructura de la red pública hidráulica, la contaminación y abusos de tomas clandestinas, no pocas irregularidades imputables en gran medida en el manejo ineficiente del servicio público, sin descartar o minimizar el impacto deficitario ante el fenómeno de la creciente y desmedido incremento poblacional.
Por otra parte, la ausencia o mínima implementación de una política hídrica adecuadas, así como el insuficiente fomento de la cultura del cuidado y uso irracional del agua. La ineficiente supervisión y responsabilidad que deban asumir agentes públicos en la materia que representan a los gobiernos (federal estatal-municipal).
La Ley General de Aguas define a el agua como “un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental, cuya preservación en cantidad y calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y la Sociedad, así como prioridad y asunto de seguridad nacional”; en ese contexto y para dimensionar la importancia del agua conviene referir que la Ley General de Seguridad Nacional, prevé que, deben considerarse acciones destinadas de manera inmediata y directa para garantizar integridad estabilidad y permanencia, de los asuntos o temas que pongan en riesgo o amenacen a la nación.
Para el caso que nos ocupa, un asunto de seguridad nacional, sin duda es el agua.
En un mismo sentido, la legislación determina como política hídrica nacional aquella que “el Ejecutivo Federal promoverá que los estados, el Distrito Federal y los municipios a través de sus órganos competentes y arreglos institucionales que éstos determinen, se hagan responsables de la gestión de las aguas nacionales en cantidad y calidad que tengan asignadas, concesionadas o bajo su administración y custodia y de la prestación de los servicios hidráulicos; el Ejecutivo Federal brindará facilidades y apoyo para la creación o mejoramiento de órganos estatales competentes que posibiliten la instrumentación de lo dispuesto en la presente fracción”; es decir, los entes públicos como son los gobiernos federal, estatal y municipal son responsables de gestionar no solo la cantidad, sino la calidad del agua, su administración y custodia, así como, para la creación de órganos que posibiliten su instrumentación.
La crisis como la ya vivida en Monterrey en meses pasados, problemática que no es tan particular de esa ciudad, se está manifestando en diferentes partes del país, en ciudades como Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y otras.
Debe preocupar al Estado, la desprovista infraestructura (fugas incuantificables del vital líquido), la contaminación y abuso que pueda estar propiciando la industria o la inexistencia de una “cultura del agua” (cuidar y racionalizar su uso), así también, las tomas clandestinas (ante la ausencia de la autoridad o posible impunidad), no menor es, la omisión o la acción de minimizar una adecuada y oportuna administración que custodie el agua.
Como ha quedado claro, el agua es un asunto de seguridad nacional y como tal debe tratarse.
La crisis manifestada en algunas ciudades del país nos debe impulsar (sociedad civil) a ser provisorios con la urgencia que lo amerita, para evitar escases del agua, como ya se advirtió en Monterrey.
La propia legislación establece los instrumentos de participar mediante la supervisión a través de órganos colegiados ciudadanos.
El Estado mexicano tienen aún pendiente, garantizar la seguridad nacional, EL AGUA (bien vulnerable y finito).
Incuestionablemente debe ser mayor la atención e inversión en el asunto del agua, para evitar riesgos y amenazas a la nación en su integridad y estabilidad ante un inminente presagio de expertos y especialistas en el tema del agua, unidos debemos contribuir: Estado, sociedad Civil y especialistas expertos en el asunto de seguridad nacional, es innegable implementar medidas de sustentabilidad para racionalizar el consumo de “EL AGUA”.
La solución jamás deberá ser… privatización.
